Estudiantes universitarios ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la ley de financiamiento y fueron desalojados
Decenas de estudiantes universitarios ingresaron el miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno, en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, y realizaron una sentada en el hall para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Entraron pese a la resistencia de los agentes de la Policía Federal que estaban en la puerta. Pocas horas después, fuerzas de seguridad los desalojaron; según fuentes oficiales, no hubo detenidos. El Ministerio de Capital Humano calificó lo ocurrido como una «toma violenta» y anunció que hará una denuncia judicial.
El reclamo
Participaron principalmente estudiantes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. Además del cumplimiento de la ley, pidieron un aumento de la beca Progresar y dijeron que no se irían hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», sostuvo Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La presidenta del Centro de Estudiantes de esa facultad, Valentina Bär Larralde, afirmó desde adentro del edificio: «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció».
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó el desalojo en un video. En un comunicado, la cartera denunció «daños al patrimonio público» y explicó que la evacuación se hizo junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal. La denuncia judicial apuntará a que «se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes». El ministerio sostuvo además que «el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas».
El fallo y la marcha del 15
La protesta ocurrió un día después de que el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley 27.795 a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. El juez también le ordenó al Gobierno ponerla en marcha de inmediato. La ley fue aprobada en agosto de 2025; Javier Milei la vetó y el Congreso rechazó el veto con los dos tercios. Para Cormick, la cláusula del decreto de promulgación funcionó como un «veto encubierto». El Gobierno apeló ese fallo. El 15 de octubre se hará la quinta Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso, que se unirá al reclamo por la Ley de Tierras y por la prórroga de la emergencia en discapacidad. Además, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días.
