Privatización de AySA: dos empresas del grupo del consorcio ganador aportaron a la campaña de LLA y piden investigar la tasación
La privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) suma cuestionamientos. La oferta seleccionada fue la del consorcio encabezado por Rowing S.A., por USD 340,2 millones, por debajo de los USD 500 millones que el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, había dicho a Ámbito que se recibirían «como mínimo». Ahora, según advirtió Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Rowing forma parte del grupo Equo Capital, que incluye a dos sociedades, Direct Group y Lógico, que aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las legislativas de 2025. Los aportes se hicieron el 28 y el 29 de julio y figuran en la información pública de la Cámara Nacional Electoral.
La denuncia por la tasación
Cuatro legisladores peronistas de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, contra Chaher y contra el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte. Según Capitanich, el objetivo es «investigar el proceso de licitación y paralizar el trámite de privatización». En la denuncia sostienen que el Ejecutivo sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente mediante la ley Bases, dos decretos y tres resoluciones, y que se mantuvieron «reservados todos los informes de tasación y valuación».
Una venta «sin base»
Los denunciantes afirman que el Tribunal de Tasaciones informó que no podía valuar con el criterio del Gobierno, basado en ingresos esperados, inversión comprometida y costos operativos, porque solo tasa activos físicos, y que por eso la tasación quedó a cargo de una unidad creada en el BICE. «AySA se licita “sin base” por lo que, con su tasación bajo secreto, no hay ningún parámetro público para juzgar si la mejor oferta es aceptable», plantearon, y no descartaron una acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. Capitanich remarcó que la operación incluye una concesión por 30 años, prorrogable por 10 más, para un servicio que llega a 3,35 millones de hogares y unos 350.000 usuarios no residenciales del AMBA, con una cobertura del 75% en agua potable y del 63,4% en cloacas, y pidió conocer las metas de inversión.
